Para la recuperación de perros y gatos vagabundos en el territorio, presumiblemente perdidos o abandonados, la competencia es municipal y la denuncia ciudadana debe remitirse a la Jefatura de Policía Municipal responsable del territorio, que activará el procedimiento de recuperación.
Mientras se espera la intervención de los agentes de la Policía Municipal, es aconsejable acercarse al perro o gato y asegurarlo, con cuidado y calma para no asustarlo, y comprobar si lleva alguna chapa y/o tatuaje en el muslo derecho o en la oreja derecha.
A falta de una etiqueta con un número de teléfono u otra información que permita localizar al propietario, es necesario comprobar la presencia del microchip mediante el lector especial proporcionado por la policía municipal.
Tecleando el código de 15 dígitos del microchip o el código tatuado en la base de datos del Anagrafe Animali d’Affezione, es posible rastrear el registro de origen del animal y encontrar números o referencias útiles con los que ponerse en contacto para encontrar al propietario. La consulta de la base de datos es gratuita.
La verificación del microchip también puede solicitarse gratuitamente en cualquier centro veterinario.
Con referencia al R.L. 3 de agosto de 2022, nº. 15. Normas para la protección de los animales y la prevención de perros vagabundos. (G.U.R. 5 de agosto de 2022, nº 35 – S.O. nº 33) Art. 19. Recogida territorial y control de la población de perros vagabundos.
1. Cualquier persona que encuentre un animal vagabundo lo comunica a las oficinas municipales, que se encargan de retirarlo del territorio y transportarlo a instalaciones de salud pública o bajo convenio
Y si la Policía Municipal le responde diciendo ‘No es de nuestra competencia’, sépalo: El artículo 328.1 del Código Penal castiga al funcionario público o al encargado de un servicio público que deniegue indebidamente un acto de su cargo que, por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y de salud, debe realizarse sin demora.
Pida siempre a su interlocutor telefónico que le califique (apellido y rango) y en caso de no hacerlo o de negarse a actuar, informe inmediatamente a los Carabinieri, a la Policía de Estado o directamente al Ministerio Público.
El incumplimiento de actos oficiales se castiga con penas de prisión de hasta un año o multas de hasta 1.032 euros.